La USAC y ProReforma

El articulista Adrián Zapata, publicó en Siglo XXI un artículo con el título de: La USAC y las reformas constitucionales (27/10/09) en el cual hace referencia a lo que los representantes de la Universidad de San Carlos expusieron ante la Comisión legislativa del Congreso, en la audiencia concedida para analizar el proyecto de ProReforma.
Quienes evacuaron la audiencia fueron el Rector Estuardo Gálvez y los expertos constitucionalistas Arturo Sierra y Jorge Mario García Laguardia.
No contamos con la exposición hecha por quienes evacuaron la audiencia sino con lo que de esa exposición Zapata nos comunica en su escrito.
La primera cuestión que merece un comentario es el hecho de que tres personas se tomen para sí expresar ideas en nombre de todos aquellos que de alguna manera se encuentran identificados con la Universidad estatal: estudiantes y trabajadores. Ya es equivocado sostener que se habla en nombre de todas esas personas (supongo, sin manejar estadísticas, que sobrepasan fácilmente los cien mil) y, peor aún, que todas esas personas sostienen exactamente las mismas opiniones. Pero bueno… estos son problemas generados por un espíritu corporativo-organizacional.
Zapata señala que quienes intervinieron en esa audiencia rechazaron el proyecto de ProReforma esgrimiendo al efecto argumentos de tipo histórico, político y jurídico.
Para empezar se señaló una cuestión meramente formal, asienta Zapata: Que el Congreso no podría efectuar cambios a la Constitución porque la parte ideológica de la misma no lo permite, en conformidad con lo establecido en su momento por la Asamblea Constituyente. Se dice que el proyecto cae en lo que se denomina fraude constitucional.
Está claro que el proceso de enmiendas a la Constitución debe culminar con la consulta popular correspondiente de las cuales hemos tenido dos durante este período democrático: el 30 de enero de 1994 y el 16 de mayo de 1997.
El proyecto de ProReforma claramente se atiene a lo establecido en la misma Constitución y reconoce la necesidad de que la reforma parcial cuente con el aval de 2 terceras partes de los miembros del Congreso y sea ratificada en una consulta popular.
La tipificación del denominado fraude constitucional es ignorar por completo lo que respecto a la forma contiene el proyecto de ProReforma.
Zapata continúa afirmando lo siguiente:
De igual manera, hizo ver la falsedad de la afirmación que erradamente plantea ProReforma de que la violencia y la pobreza se van a poder eliminar mediante una reforma constitucional, cuando realmente son producto de condiciones estructurales de orden socioeconómico, que requerirían transformaciones profundas en el modelo económico predominante, caracterizado por la desigualdad, la exclusión, la producción de pobreza y la concentración de la riqueza.
¿Es efectivamente falso el planteamiento de ProReforma? Pienso que no. Los autores y promotores del proyecto tienen plena conciencia de que el sistema o modelo económico imperante es precisamente lo que hace que haya tanta pobreza en Guatemala. Se trata, en todo caso, de un sistema que ha repartido privilegios a unos pocos; fundado en el proteccionismo estatal hacia ciertos negocios, empresas y personas; que dificulta la inversión de capital; que hace sumamente tortuoso el camino para abrir nuevos negocios y empresas; que castiga a las personas productivas.
Por supuesto que ProReforma tiene en mente que esto hay que transformarlo; es más, que hay que sustituirlo siguiendo el ejemplo de aquellas sociedades que, en su momento, abandonaron su lugar entre los países pobres adoptando viejos principios como fundamento de la vida social. Recuérdese a Holanda; y, más recientemente, a Hong Kong, Singapur y Estonia, etc.
Claro que necesitamos cambiar este sistema por otro. Otro, que no proteja intereses particulares; que no facilite la existencia de monopolios; que no castigue a los consumidores a fuerza de favorecer intereses sectoriales.
Ahora bien, sí hay una diferencia abismal entre la visión san carlista y la de ProReforma en torno a la delincuencia (por favor, NO es violencia, es sencillamente delincuencia). Y es que el delincuente no es producto de “estructuras” que lo hace ser y hacer lo que es y lo que hace. El estructuralismo como método para tratar los fenómenos sociales elimina la responsabilidad que el individuo tiene por las consecuencias de sus actos. Peor aún si se trata de un estructuralismo inspirado por el marxismo porque harto conocido es el determinismo propio de la visión marxista de la historia y de la sociedad.
Para ProReforma está claro que la delincuencia (violación a los derechos ajenos) debe perseguirse y castigarse pues ni en una economía pujante, ni en una sociedad cuyos niveles de vida son elevados dejarán de existir personas violadoras de las normas de convivencia. Por tal razón ProReforma aboga por una independencia del organismo judicial y porque se le asigne al aparato de justicia todos los recursos que necesita para que opere como debe de operar.
El articulista continúa citando que: Desde una perspectiva histórica, demostró el atraso que significa reivindicar los derechos individuales hasta el punto de desconocer la evolución que ellos han tenido, inspirada en la doctrina de los derechos humanos que les reconoce una permanente profundización, haciéndolos cada vez más sociales.
También aquí existe una enorme diferencia que hay que resaltar. Mientras que los ponentes de la Carolina consideran un atraso hacer prevalecer los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad, ProReforma considera que el atraso en la condiciones de vida de los guatemaltecos se debe precisamente al énfasis que hoy se hace en los llamados “derechos” sociales que tanto doctrinal como prácticamente constituyen “derechos” en contra del derecho.
Doctrinalmente se acepta que no puede haber derechos contrarios al derecho y eso es lo que los llamados derechos sociales constituyen pues para “proveer” educación, salud, deporte, arte, comedores solidarios, vivienda, dinero por enviar a los hijos a la escuela, fertilizantes, juguetes, diversión, etc., a unos, debe violarse el derecho de otros a su propiedad y al disfrute de lo que es producto de su trabajo.
Pero también la práctica demuestra que la supremacía que han adquirido los llamados derechos sociales ha provocado el estancamiento de las economías, incluso de aquellas otrora sanas y prósperas, ya no hablemos del remolino de pobreza que se traga a millones en el tercer mundo. Por el contrario, donde quiera que el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se mantienen como fundamento del sistema jurídico es posible ver una capacidad de generar riqueza verdaderamente impresionante. Por el contrario los derechos sociales han generado, en los mismos Estados Unidos de América la crisis que todos conocemos. Porque no se trata de las crisis cíclicas del capitalismo propuestas por Marx sino de resultados generados por el interés de los gobernantes por dotar de vivienda barata a todos. Pero el asunto no se detiene allí hay que agregar otra insensatez: la de conceder dineros del erario público a aquellos que están en graves riesgos financieros.
Si estos falsos derechos sociales constituyen un desarrollo, un progreso en el ámbito del derecho no deberían provocar empobrecimiento en las poblaciones ni consecuencias destructivas en la economía. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, si en el ámbito de la medicina los avances que se logran deterioraran la salud de la gente en vez de mejorarla? ¿Qué opinión nos merecería el que los avances en la química se tradujeran en medicamentos menos eficaces? Entonces ¿cómo puede hablarse de avance en la ciencia del derecho cuando los “nuevos” “derechos” sólo empantanan la generación de riqueza?
Las propuestas que se hacen deben ser parte de la solución no parte importante del problema. Afirmo lo anterior porque esa visión historicista del derecho es una herencia que nos ha hecho mucho mal. Califico de visión historicista del derecho a esa tradición jurídica que sostiene que los hombres debe hacerse las leyes que consideren necesarias en conformidad con el momento, con las circunstancias o, como se dice hoy, de acuerdo a la coyuntura.
El articulista también afirma: la Usac también reconoce la necesidad de impulsar un debate nacional profundo e incluyente, alrededor de si es o no necesario introducir cambios en la Constitución y, en su caso, cuáles, teniendo como propósito realizar de la mejor manera posible el fin supremo del Estado: lograr el bien común.
Si hay ya una previa meta a lograr: el llamado bien común, entonces realmente no hay debate alguno, tan sólo se trata de discutir la estrategia para lograrlo. A eso hay que agregar que el llevado y traído bien común es indefinible y siempre resulta en la promoción de intereses particulares, de grupo, clase o sector.
La falsa insistencia en el debate se evidencia en la siguiente afirmación de Zapata: El rechazo a la propuesta de ProReforma y la decisión de promover el debate en los términos referidos, son los elementos sustanciales del posicionamiento de la Usac.
No es de extrañar ni la afirmación anterior ni la actitud que está detrás de la misma. En este terruño nuestro primero se descalifica al otro y luego se promueve el diálogo; primero se desprecia el pensamiento del otro y luego se llama a una mesa de discusión. En general es lo que veo, no sólo en cuanto al tema que nos ocupa, sino en torno a casi todo lo que puede discutirse: Se cuelgan etiquetas y luego se pretende debatir. Siempre nos olvidamos de las ideas, de las teorías, de las hipótesis y concentramos toda la fuerza en derribar al oponente, en dañarlo y rechazarlo.
Quizás por esta folklórica actitud disfrazada de academia y de intelectualidad Bertrand Russell pronunció su lapidaria respuesta a la pregunta ¿Por qué en su Historia de la Filosofía no hace mención de América Latina? Russell respondió: Porque América Latina no ha pensado.
Una última referencia al artículo de Zapata ya que él termina asegurando: …se requiere una visión de Estado.
Si los cambios a la Constitución deben hacerse teniendo en mente que el Estado sea el promotor del bienestar y para ello intervenga en la generación de la riqueza; si hay que tener como horizonte un Estado benefactor; si hay que tener una enorme fe y confianza en el aparato estatal;… entonces no serán cambios sino más de lo mismo. No habrá novedades sino profundización de los vicios políticos que hoy tenemos. No se darán innovaciones sino la perpetuación y agudización de todas las calamidades que el Estado ha hecho llover sobre todos los guatemaltecos.
Precisamente un principio esencial de ProReforma es mantener separada la sociedad del estado; no sólo en materia de análisis sino como un hecho del cual partir. Esto último fundado en la diferente naturaleza del estado y de la sociedad. Pues si la sociedad es la asociación libre y voluntaria de los seres humanos basada en la división del trabajo, el estado (o gobierno) es el aparato de coerción que garantiza el funcionamiento de la cooperación humana. Otra visión no cabe. Si los hombres por sí mismos tratan de hacer lo que es propio de la naturaleza del estado, lo que tendremos es la anarquía y la “justicia” por mano propia. Pero si el estado se propone hacer lo que hace los hombres en cooperación lo que tendremos serán monopolios estatales ineficientes y el estado benefactor se convertirá en un estado fiscal: una carga en vez de una ayuda.
El intervencionismo trata de que el estado guie las funciones de algunos aspectos de la sociedad; el socialismo propone que el estado guie todas las funciones de la sociedad; el marxismo sostiene que todas las funciones de la sociedad se tornen funciones estatales. En cualquier caso o se confunde la sociedad con el estado o, en el peor de los casos, se funde la sociedad con el estado y todas las decisiones que los hombres tomarían por sí mismos se convierten en asunto de administración gubernamental.
Guatemala tiene una historia marcada por la intervención constante del estado en los asuntos que sólo atañen a los actores individuales. Eso se nota en la educación formal, en la psicología del guatemalteco, en los partidos políticos, en la formación de los profesionales de toda clase, en la mentalidad religiosa católica y en algunos sectores protestantes, en el mundo empresarial: Somos incapaces de tener confianza en nosotros mismos, en nuestra iniciativa, en nuestros esfuerzos, en nuestra capacidad de salir adelante por el trabajo y la productividad y descansamos más en lo que el gobierno pueda hacer por nosotros o en lo que el gobierno pueda darnos.
Esto nos impide decirle al gobierno: Haga usted su parte garantizando el estado de derecho, administrando una justicia pronta y efectiva, protegiendo nuestra propiedad y nuestra vida, dándonos un ambiente propicio para desarrollar nuestra actividades diarias, que nosotros nos encargaremos de producir todo aquello que todos necesitamos para vivir.
Pero, claro, hay también los que entendiendo estos principios fundamentales se dedican a promover la acción e intervención del estado porque viven de ello, se lucran con ese discurso disfrazado de benevolencia (“falsa filantropía”, le llamó Bastiat) pensando en que ellos sí podrían salir adelante en un esquema como el que planteamos pero que otros no podrán hacerlo. Esta visión de la sociedad como dividida en capaces e incapaces, hábiles y torpes, preparados para sobrevivir e inútiles, que pueden orgullosamente hacer su vida e ineptos pobres diablos, es no sólo falsa sino un verdadero insulto para la condición humana (así, le llama Hannah Arendt) de aquellos que son objeto del discurso populista y demagógico.